Dos casos piloto de integración de la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático en el ordenamiento territorial a nivel municipal en Colombia

AJE Group nació como una pequeña empresa familiar en Ayacucho, Perú y hoy es una de las mayores corporaciones peruanas con operaciones en 11 países y un éxito que da trabajo a más de 10,000 familias. AJE se dedica a fabricar y comercializar una gran variedad de bebidas, como cervezas, refrescos, bebidas energéticas, bebidas isotónicas, aguas, jugos y tés. Dentro del modelo la conservación de la biodiversidad o “oro verde” en beneficio de las comunidades es un eje central, reforzando la protección del bosque como parte intrínseca de la recolección de los frutos que componen los distintos productos de la empresa.

“Es importante impulsar una economía de mercado a través de lo que los habitantes del territorio saben hacer: proteger el bosque y recolectar los frutos.“

El proyecto Restauración Cordillera Azul viene impulsando procesos de restauración ecológica en los poblados de San Juan y Lejía en la región San Martín desde el 2018, en 50 hectáreas que conectan con un paisaje de 500 ha, en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ). Para ello CIMA (organización que ejecuta el contrato de administración del PNCAZ) ha suscrito un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional Agraria de la Selva, el caserío de San Juan y el centro poblado de Lejía. Las comunidades tienen Acuerdos Azules de colaboración, como estrategia participativa de planificación territorial y de los Planes de Calidad de Vida.

El oso andino (tremarctos ornatus) enfrenta serias amenazas, una de ellas asociada a la que la especie tiene presencia en los terrenos de pobladores locales. Su población ha disminuido dada la presencia de interacciones negativas entre la especie y los humanos por eventos de consumo ocasional de animales domésticos y cultivos como el maíz que pueden ocasionar la cacería del oso, sumado a las tradiciones de algunas comunidades humanas que lo persiguen. Este conflicto de vieja data se ha convertido hoy por hoy en un ejemplo de acción colaborativa entre las autoridades, la sociedad civil y las comunidades locales para conservar una de las especies más emblemáticas del país, a través de esfuerzos de monitoreo, educación ambiental y colaboración interinstitucional, contribuyendo a un manejo adecuado de los sistemas productivos y disminuyendo los riesgos y presiones sobre esta especie vulnerable.

Durante mucho tiempo, los ecosistemas del Santuario de Flora y Fauna Galeras sufrieron  los efectos negativos derivados del crecimiento de la población humana que habita en las zonas rurales/urbanas aledañas. Este hecho afectó considerablemente tanto los bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por el Santuario como la conectividad de éste con otras áreas protegidas (y su zona de influencia). Sin embargo, desde 1998, y con la implementación de la “Política para la Participación Social en la Conservación”, fue posible promover varias iniciativas que contribuyeron a mejorar la representatividad y conectividad ecológica bajo formas de gobernanza compartida. Además, gracias al compromiso con las comunidades campesinas, autoridades locales, propietarios privados y otros actores se ha logrado avanzar en la creación de reservas locales y reservas naturales de la sociedad civil, las cuáles realizan, actualmente,  un aporte invaluable en la conservación de ecosistemas estratégicos.

Hablar del uso de sus recursos naturales, es hablar desde las culturas prehispánicas, quienes lograron armonizar el aprovechamiento de los recursos marinos y terrestres con sus necesidades. En la actualidad, directa o indirectamente, la comunidad loretana vive del Parque Nacional. Los usuarios, conscientes de ello, impulsaron su creación en 1996. La modificación del segundo Programa de Manejo en 2019, fue a través de un amplio proceso de participación activa de los diferentes sectores: pescadores, prestadores de servicios turísticos, instituciones de gobierno, académicos, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Las opiniones y sugerencias obtenidas en mesas de trabajo, fueron incorporadas a su Programa. Este documento se diseñó en colaboración con los diferentes sectores involucrados y con la población, estableciendo las actividades permitidos y no permitidas, a través de una zonificación. Los usuarios son quienes propusieron al gobierno nuevas reglas de uso.

REDD+ es un mecanismo para la reducción de las emisiones por deforestación y degradación forestal, que promueve la inclusión de salvaguardas ambientales y sociales, con atención a la participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales. En Perú surgieron iniciativas REDD que no consideraban a las organizaciones indígenas. Así nace RIA como estrategia de mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático; que contribuye con la conservación de bosques en territorios indígenas (60% del territorio peruano son bosques). Las comunidades nativas poseen 11.5M de hectáreas donde ocurre el 16.5% de la deforestación. Las Reservas Comunales surgen como estrategia para conservación de la biodiversidad en beneficio de poblaciones locales. El 2012, COICA y AIDESEP proponen un piloto RIA en la RCA, donde viven etnias Harakmbut, Yine y Machiguenga, para fortalecer la gobernanza, canalizar fondos climáticos y contribuir con la reducción de emisiones por deforestación.